Ante el conflicto con los llamados «fondos buitre», la Fundación Pueblos del Sur elaboró un «Informe sobre la deuda pública argentina y su situación actual respecto a la causa con los «fondos buitre».

Julio de 2014

Una mirada histórica del endeudamiento externo

Al analizar los antecedentes de la deuda externa argentina, se puede observar la estrecha relación que tuvieron los procesos de endeudamiento con la corrupción y las crisis macroeconómicas del país. Desde su origen, con el famoso empréstito solicitado en 1824 por el gobierno de Rivadavia a la Banca Baring para la realización de obras (que nunca se realizaron), hasta la fuerte expansión de la deuda externa que impulsaron las administraciones de neto corte neoliberal, se observa que el tema va más allá de una cuestión estrictamente económica.

Fue recién en el último gobierno de facto iniciado en marzo del año 1976 cuando la deuda externa comenzó a aumentar exponencialmente, sobre la propuesta de una economía especulativa y de base financiera. En efecto, mientras que al año 1975 la deuda externa totalizaba USD7.800 millones, el gobierno militar dejó un pasivo externo del USD45.100 millones, lo que significó un incremento de 365%.

Si se observan los criterios de endeudamiento y el uso de los fondos obtenidos durante los últimos 40 años, queda claro que el problema no radica simplemente en “tomar deuda”, sino más bien en las condiciones y consecuencias de estas operaciones. Parafraseando a un ex presidente argentino, no es sólo cuestión de temer a los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender.

La Convertibilidad

Durante la década de los ’90, el proceso de endeudamiento fue todavía más notable, llegando a los USD150.000 millones a fines de la gestión de Carlos Menem. Justamente, la ausencia de política monetaria y cambiaria, un régimen neoliberal y la instalación de un esquema de librecambio destruyeron el aparato productivo nacional y dejaron al endeudamiento externo como única vía para financiar el sistema económico y fiscal.

Pero la convertibilidad ya venía mostrando sus falencias estructurales y desde 1998 la economía entró en recesión, con su consecuente crisis de generación de divisas para afrontar los compromisos de deuda cada vez más crecientes. Fue así que en el año 2000 se llevó a cabo un canje de deuda denominado Mega-Canje, que significó la reestructuración de cerca de USD50.000 millones a tasas muy elevadas y en condiciones leoninas, lo que claramente anunciaba que tarde o temprano, se entraría en cesación de pagos.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Todo este esquema insostenible, detonó política y socialmente en el año 2001. A pesar de que la economía ya no funcionaba más “de hecho” en convertibilidad, el punto final vino luego de que en diciembre de 2001 el FMI se negara a reestructurar un vencimiento de deuda pública, la Argentina entró formalmente en cesación de pagos (default) por el no pago de parte de su deuda externa.

Esta situación, abrió las puertas a un grandioso negociado para algunos pocos, pero la pobreza y la exclusión para millones. A pesar de que en al año 2002 no se sabía con exactitud cuánto era el total de la deuda argentina, se estima que ese mismo año tuvo un incremento nominal muy significativo, superando los USD170.000 millones.

La salida de la convertibilidad

A pesar de la falta de cumplimiento en el pago de parte de su deuda externa, cabe mencionar que Argentina nunca dejó de atender sus compromisos de deuda con organismos internacionales.

Gracias al cambio de política económica y al trabajo de todos los argentinos, el país logró revertir su ciclo económico desde fines del año 2002, dando inicio a un proceso de crecimiento como nunca en su historia lo había logrado. De esta manera, dio una notable vuelta de página, iniciando un proceso de desendeudamiento relativo que dio como resultado que la Deuda Pública Total pase del 166% del PBI en el año 2002, al 45,6% del PBI en la actualidad.

El hecho más significativo de este proceso es que la Argentina logró vincular una estrategia de crecimiento del PBI, con generación de empleo, inversión, consumo y producción, sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo y manteniendo una sólida política comercial e industrial, consistente con un esquema de industrialización y desarrollo regional. Esta cuestión es la base real que le permitió al país recuperar su capacidad de repago y plantear formalmente una estrategia de negociación y reestructuración de sus compromisos internacionales, sin poner en juego el esquema de crecimiento económico que, de hecho, le permite obtener de manera genuina los recursos necesarios para atender esos acuerdos.

El proceso de desendeudamiento

Este proceso de desendeudamiento tuvo un hito fundamental en el año 2005 cuando se realizó el primer canje voluntario de la deuda en default. En él, se ofrecía canjear los títulos defaulteados por otros, aceptando una quita importante en el capital compensada por una serie de alternativas de repago e interés. El éxito de la operación permitió renegociar cerca de USD81.800 millones, logrando una adhesión del 76,15% de los tenedores privados. Sin embargo, el 23,85% restante mantuvo sus reclamos, sin aceptar el canje.

Continuando con esta política de desendeudamiento, en el año 2006 Argentina canceló su deuda con el FMI, concretando un pago anticipado de USD9.530 millones. El motivo principal de esta cancelación fue la independencia en materia de política económica respecto al Fondo Monetario Internacional, que condicionó históricamente a los gobiernos argentinos, así como al resto de los países que desde los años ’80 enfrentaron problemas de repago de su deuda externa.

Fuente: Informe de Deuda Pública del Ministerio de Economía de la Nación.

Con la intención de avanzar con la reestructuración de la deuda y la solución de los conflictos jurídicos derivados del default, en el año 2010 se lanzó de forma oficial un nuevo canje de deuda para acreedores externos privados, con una propuesta de quita que en promedio rondó el 66,3% para inversores institucionales, y el 50% para los restantes.

Este segundo canje significó un notable éxito para el país, ya que permitió ordenar el 92% de su deuda (sumados los canjes de 2005 y 2010). A pesar de que todavía quedaba un 8% de la deuda sin resolución, la mayoritaria adhesión voluntaria significó una muestra de confianza a la propuesta de repago, que la Argentina respetó puntualmente de ahí en adelante.

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Las necesidades de capital para inversión

Es cierto que la Argentina necesita de capitales para invertir en el desarrollo de su infraestructura, la energía, las importaciones, etc. Es por eso, que los gobiernos argentinos que sucedieron (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) continuaron con la política de reordenar los conflictos emanados de litigios internacionales en materia de deuda pública.

En efecto, en el año 2013 se reestructuró la deuda de USD677 millones con las empresas que litigaron contra Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones), acordando una quita de capital del 25% del monto original.

En el año 2014, dos años después de la expropiación del 51% de acciones de YPF, se llegó a un acuerdo con Repsol por un total de USD5.000 millones, a pagar en bonos, que levantó sus reclamos jurídicos por esta causa.

Este mismo año, se confirmó la refinanciación de la deuda con los acreedores asociados en el denominado Club de París, por USD9.700 millones. Si bien esto significa un nuevo compromiso de desembolso en divisas, el acuerdo tiene una relevancia importante, ya que gran parte de las inversiones privadas que la Argentina pretende recibir para su desarrollo económico, proviene de empresas que estaban a la expectativa de la confirmación de este acuerdo.

Adicionalmente, estos acuerdos y arreglos debieran reducir el riesgo crediticio que tiene la Argentina, bajando sensiblemente la tasa de interés que pagan las empresas y el Estado en caso de tomar créditos para inversiones en el país.

El conflicto con los denominados “fondos buitre”

En la actualidad, y después de todo el proceso antes mencionado, la parte de la deuda pública nominada en dólares y contraída con el sector privado, representa aproximadamente el 8% del PBI, una cifra que expresa una real capacidad de pago de los compromisos de deuda y relativamente baja comparada con países del “primer mundo”.

En efecto, el problema jurídico que hoy se presenta ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. de tratar el caso argentino -dándole así curso al caso en manos del Juez Griesa- corresponde a menos del 1% de la deuda externa argentina, pero no debe descuidarse que más allá de las cifras se trata de una cuestión puramente política.

El pago que están reclamando los denominado “fondos buitre” refiere a una operación especulativa, basada en la compra de bonos argentinos defaulteados (no pagados) que tenían prestamistas privados y que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda que hizo el gobierno argentino en los años 2005 y 2010.

Por lo tanto, cabe destacar que estos “fondos buitre” o especuladores, nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que compraron títulos que, por estar defaulteados, se encontraban a muy bajo precio (lo que se denomina, bonos basura).

Qué es un “fondo buitre”

Se le llama “fondo buitre” a una empresa, personas, que se dedican a comprar deuda a muy bajo precio y, mediante acciones judiciales y extorsivas, lograr cobrar mucho más de lo que el mercado está dispuesto a pagar por estos activos. La existencia de estos especuladores, se basa en el poder que ejercen los lobbies financieros internacionales, incluso por encima de los Estados soberanos.

En efecto, la operatoria de estos especuladores se basa en su poder político y económico para influenciar los fallos judiciales en favor de sus reclamos, más allá de la razonabilidad o justicia propia de la causa. En el caso que padece la Argentina, pretenden lograr ganancias extraordinarias fuera de toda lógica de mercado, ya que en conjunto pagaron USD48,7 millones por esos bonos, pero, a causa de la determinación del juez Griesa, lograrían cobrar más de USD1.300 millones, alcanzando una tasa de ganancia de 1.608%.

Debido a lo que se determina en las condiciones de pago de los bonos, los títulos están bajo la órbita de la ley norteamericana. Por este motivo, los especuladores tienen derecho a reclamar a la justicia norteamericana y (teniendo en cuenta que se trata de intereses radicados en EE.UU.) existe la posibilidad de que, ante la falta de cumplimiento del fallo, se embarguen los bienes argentinos, tales como propiedades diplomáticas, reservas, fondos de ANSES, activos como el Tango 01, la fragata Libertad, fondos de ENARSA, parte del satélite argentino, bienes de Aerolíneas Argentinas, y sobre todo, lo intereses de la deuda reestructurada, cuestión que afectaría el cumplimiento de pago de los bonistas que sí confiaron en la propuesta argentina y aceptaron el canje en su momento.

Qué quiere decir “default técnico”

Un país en default es un país quebrado, o sea, que no puede pagar su deuda. Pero Argentina sí puede y quiere pagar su deuda, con lo cual, no sería un país en default. Sin embargo, si Argentina no puede pagar los compromisos de deuda reestructurada porque un juez le embarga o bloquea los fondos, los comunicadores (o traficantes de información económica) instalan que el país de todas formas está en cesación de pagos y llaman a esto “default técnico”, afectando así los intereses económicos de la Nación.

Frente a lo que algunos aconsejan de “pagar, total son sólo USD1.500 millones”, cabe recordar que con el antecedente jurídico de la justicia norteamericana y de las actuaciones del juez Griesa, el resto de los bonistas que quedaron fuera del canje tendrían el derecho a reclamar con base en este antecedente judicial, haciendo que el pago potencial que la Argentina debería realizar ascienda a USD15.000 millones (la mitad de las reservas actuales en el BCRA). Desde luego, y no menos importante, esta posición de aceptar un mandato de la justicia de otro país atentando contra los intereses de la Nación, resulta una clara definición política respecto al criterio de soberanía de los pueblos.

Cabe destacar que estos “fondos buitre” han demostrado una total actitud especulativa y contraria al bienestar de los pueblos, ya que no pretenden una paga justa, ni una remuneración acorde con un trabajo o préstamo dinerario, sino que, basados en su poder de lobby, afectan y condicionan el desarrollo económico de países que, si bien cayeron en problemas de repago, intentan superar su crisis externa en el marco de las leyes internacionales y de políticas que priorizan un crecimiento económico genuino.

Un dato relevante que no se debe descuidar es que los bonos reestructurados incluyen una cláusula que dice que hasta diciembre de 2014 no se puede realizar una mejor oferta de repago a quienes no entraron al canje en su momento. Si antes de esa fecha, no sólo reclama el 8% de los tenedores, sino también todos los demás, el riesgo de tener que reconocer otra deuda al resto de los acreedores, sería muy significativo, arrojando cifras que ascenderían a los USD120.000 millones (según declaraciones oficiales). Esto podría en efecto suceder ya que si un juez falló de esa manera, queda sentado el precedente para otro juez que pretenda obligar a la Argentina a pagarles a todos lo mismo. Y eso es resulta económicamente imposible de realizar, en un marco de justicia y razonabilidad.

Cronología del conflicto con los “fondos buitre”

Octubre de 2012: la Corte de Apelaciones de Nueva York emite un dictamen en el cual se considera que la Argentina cometió una discriminación con los fondos buitres y los demás bonistas que decidieron no participar de los canjes de deuda de los años 2005 y 2010.

Noviembre de 2012: el fallo del juez Thomas Griesa ratifica que la Argentina deberá pagar el total de la deuda con los bonistas, más intereses acumulados en el período, comprometiendo a la Argentina a pagar USD1.330 millones a los fondos especulativos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Febrero de 2014: Argentina apela el fallo de Thomas Griesa y la ratificación de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

16 de Junio de 2014: la Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza tratar la apelación de la Argentina y el caso vuelve al juez Griesa, con lo que queda firme su sentencia; a pesar de ello, quedaba en manos del juez la posibilidad de negociación entre las partes.

23 de junio de 2014: Griesa designa al abogado Daniel Pollack como intermediario entre la Argentina y los “fondos buitres”.

26 de junio de 2014: Argentina realiza el pago de USD832 millones a los bonistas que ingresaron al canje (2005 y 2010), de los cuales USD539 millones se depositan en la cuenta del Bank of New York Mellon (BONY), entidad encargada de efectuar el pago a los bonistas. Esta transferencia significa que, a partir de allí, los fondos girados ya no son propiedad de Argentina sino que pertenecen a terceros; es decir, al banco BONY que fue contratado para girar el dinero y efectivizar el pago los bonistas que entraron en los canjes de deuda.

27 de junio de 2014: Griesa califica de “ilegal” el pago de USD539 millones realizado por la Argentina, e indica frenar la transferencia de los fondos ya en las cuentas del Bank of New York a los bonistas, y le ordena a la entidad estadounidense devolver el dinero al organismo monetario argentino, estableciendo que el pago “no puede ser realizado y cualquiera que intente hacerlo estará en desacato con esta Corte».

Al realizar la mencionada transferencia, Argentina muestra voluntad de pago y cumple con lo establecido contractualmente en el canje de deuda. Sin embargo, si el BONY no realiza las transferencias correspondientes, se desata una batalla judicial de connotaciones inéditas, donde las cuestiones políticas juegan un rol preponderante.

30 de Junio de 2014: vence el pago a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda, pero la decisión del juez Griesa de frenar las transferencias genera críticas tanto de bonistas europeos (cuyo agente de pago es Euroclear), como de los bonistas que lo hacen bajo legislación de Estados Unidos (BONY), puesto que el dinero ya había sido depositado por el Estado argentino.

4 de julio de 2014: el Gobierno argentino intima a los intermediarios financieros a que arbitren los medios necesarios para completar y distribuir el pago realizado por la Argentina a los bonistas. Según el gobierno argentino, son los agentes fiduciarios (BONY y Euroclear) los encargados de pagar y de distribuir los fondos, y son ellos los que deben responder antes las demandas legales por parte de tenedores de bonos reestructurados.

En este contexto, los tenedores de bonos europeos iniciaron demandas en Bélgica contra los agentes fiduciarios europeos para obtener una orden que confirme que los mandatos judiciales (emitidos en Estados Unidos) son inaplicables en ese territorio. Por su parte, el BONY también le pide a Griesa que convoque a una audiencia antes del 30 de julio de 2014 para darle un cauce al conflicto.

30 de julio de 2014: el ministro de Economía se reúne con el mediador Daniel Pollack y con representantes de los fondos buitres, donde se les ofreció ingresar al canje en condiciones similares a las que accedieron los bonistas en 2005 y 2010. Sin embargo, la oferta no fue aceptada.

Apoyo internacional a la posición

A pesar de la firme posición del juez norteamericano, Argentina cuenta con muchos apoyos de todo el mundo, ya que este es un problema que afecta a todos los países que pretendan renegociar su deuda externa (y ven a la Argentina como un caso de éxito), repercutiendo en el sistema financiero internacional.

Los que acompañaron o apoyaron la posición argentina en la causa contra los fondos buitre, son entre otros:

– Los gobiernos de Francia, México, Brasil, Italia, y el resto de los países sudamericanos.

– La OEA (Organización de Estados Americanos); el G77 + China; la SELA (Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe); y el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

– Algunas personalidades de la economía, como Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía), y varios parlamentarios británicos.

– De la comunidad financiera internacional, se destaca el apoyo explícito del FMI, así como el realizado por el fondo de valores Fintech.

La relevancia de este conflicto va mucho más allá de las cuestiones económicas, afectando la decisión soberana de los países respecto de la administración de sus recursos. El hecho de que la Argentina esté encarando un proceso de desendeudamiento con independencia en materia de política económica, pone en dudas el sistema financiero internacional, que depende en gran medida de las definiciones de Bretton Woods (1944).

Como se observa en el cuadro siguiente, esta situación tiene alcance internacional y preocupa a muchos países industrializados del mundo que tienen una deuda externa mucho más importante que la Argentina, en términos de su PBI (capacidad de pago).

Proporción de la deuda externa por país como porcentaje del PBI del año 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datosmacro.com con datos del Banco Mundial

Conclusiones

Queda claro y evidenciado que la Argentina quiere honrar su deuda, sobre todo con los que han apostado y creído en la propuesta de renegociación de los compromisos caídos en instancias anteriores. En este sentido, cabe destacar que la capacidad de pago genuina y sostenible que tiene un país como Argentina depende de que su economía siga creciendo; sólo de esta manera puede seguir pagando sus compromisos de deuda.

Es indudable que la Argentina tiene recursos, capacidad de trabajo y generación de riqueza como para afrontar estos compromisos, ya que por ejemplo la relación entre deuda pública externa y es aproximadamente de 0,8, lo que intuitivamente significa que se paga con 10 meses de exportaciones.

Sin embargo, el debate central hoy en día tiene que ver con la capacidad de los pueblos para establecer sus propias políticas de desarrollo, y decidir soberanamente frente a los poderes económicos mundiales.

Nuestro pueblo debe comprender que la Argentina está en el centro de la mirada mundial y que el éxito en materia de desendeudamiento relativo y crecimiento económico registrado en los últimos años, deja de manifiesto los dos modelos que imperan en el mundo actual: el del capitalismo financiero salvaje, y el que apuesta a la armonía y la construcción colectiva, sobre la base del respeto a la soberanía de los pueblos.

 

Puede acceder a la versión .pdf clickeando aquí: Informe sobre Fondos Buitre – FPS – JULIO 2014 (1)