Artículo de Esteban Guida, exclusivo para el diario La Capital.

La renuncia del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, le imprimió más incertidumbre a la economía argentina, que acarrea problemas fundamentales de relevancia desde hace varios años. Hace tiempo que vivimos un permanente ambiente de crisis (cambio), ya sea por la expectativa de llevar a cabo las transformaciones que posibiliten a los argentinos vivir mejor, como por las altas probabilidades de que, por el contrario, la situación empeore aún más de lo que está. Sin embargo, la realidad señala con crudeza que, más allá de algunas medidas “de alivio”, la dependencia económica y la injusticia social siguen intactas.

Es la consecuencia lógica y esperable de un gobierno que ha renunciado (siguiendo la línea de sus antecesores) a compartir con el conjunto de las fuerzas productivas y los sectores de la política nacional, el trabajo de acordar los aspectos básicos de nuestra convivencia, y de planificar la organización de los recursos económicos que se ajusten a ella. La economía es, principal y fundamentalmente, satisfacer las necesidades básicas del conjunto de los argentinos; vale la pena debatir sus diversas y variadas formas, nunca de renunciar a su propósito.

Pero el ministro Martín Guzmán señaló claramente y en varias oportunidades que la misión que le había encomendado el presidente Alberto Fernández era “normalizar la economía y renegociar la deuda pública”. Nunca tuvo en su agenda un abordaje a los problemas de fondo, porque su jefe, el presidente, no se lo pidió.

Es así que, en este vertiginoso contexto de constantes y permanentes intentos de estabilización, el cambio de un ministro no debería significar en sí mismo una modificación sustancial del rumbo económico. No hay, al momento, miras de un cambio de programa económico, con objetivos y metas diferentes a los actuales, que permita afirmar lo contrario.

A pesar de las discusiones hacia el interior del Frente de Todos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, viene ratificando el rumbo económico que ha tomado su gestión. Desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo de 2022, nunca se ha siquiera insinuado alguna modificación a las pautas establecidas entre el país y el organismo, que son los términos y condiciones a los que se ha sujetado la política económica nacional, más allá de algún margen de maniobra menor en las formas de ejecución, pero sin ningún abordaje concreto sobre las cuestiones estructurales.

De hecho, si se hace una lectura fina de los últimos discursos de Cristina Fernández de Kirchner, tampoco puede afirmarse que este sea el contrapunto que copa la llamativa discusión política en el interior del Frente de Todos. Las críticas principales (incluso también las que provienen de la oposición) se enfocan más bien en las formas de gestionar una economía concentrada, extranjerizada y dependiente del flujo internacional de capitales para solventar el déficit externo que provoca (naturalmente) su matriz productiva primarizada (el 75% de las exportaciones son materias primas y manufacturas de origen agropecuario, mientras que el 85% de las importaciones son bienes de capital, bienes intermedios y de consumo).

En rigor, no se observa en los debates actuales de la dirigencia política, un replanteo de las causas fundamentales que explican la incapacidad de la economía argentina de generar y distribuir una cantidad suficiente de bienes y servicios como para que no haya argentino pobre y orientar las condiciones económicas en dirección a que un trabajo formal permita la vida digna a una familia. Existe un prejuicioso rechazo de parte de la dirigencia actual (sea cual fuere el partido que integra o la ideología que esgrime) en reconocer en nuestra historia viva los momentos donde esto fue una realidad efectiva; se observa que lo nuevo e importado no ha dado lugar a algo mejor.

Por todo esto, no hay motivos para pensar que la designación de Silvina Batakis en la cartera económica implique cambios importantes en el rumbo económico; sí pueden esperarse variaciones en las formas de ejecución, cierto tenor en las medidas y sobre todo, el respaldo político para articular medidas con otras áreas del gobierno, en las que la influencia del propio presidente resulta cada vez menor (a manos de funcionarios que responden directamente a Sergio Massa o a Cristina Fernández). Para quienes piensan que el problema está en las formas, este podría ser un capítulo prometedor en la gestión de la cartera económica; no así para quienes plantean la necesidad imperiosa de propiciar cambios de fondo.

En este caos económico, en el que el Estado interviene con incapacidad de organizar las fuerzas productivas del país, finalmente se impone el poder de mercado: gana el más fuerte, pierde el más débil. Pero la Argentina es otra cosa; por eso todavía hay esperanza.

Esteban Guida