Disciplinamiento social

Compartimos el artículo de la Fundación Pueblos del Sur publicado en el Suplemento Cash del diario Página 12, que hace referencia a las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno para enfrentar el contexto inflacionario que atraviesa nuestro país

 

Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno Nacional viene desarrollando una política antiinflacionaria que está costando mucho más de lo esperado. Cuando el ahora Presidente de la Nación afirmaba que la inflación sería lo más sencillo de resolver, seguramente estimaba que la ortodoxia de sus políticas monetarias y fiscales, no tardarían en mostrar su efectividad, muy a pesar del mal antecedente que registran en el país.

La lógica de la política antiinflacionaria que impulsa el gobierno de Cambiemos se basa en el ya conocido “disciplinamiento social”. Este método tiene como fundamento la idea de que la contracción de la demanda hace bajar “por la fuerza” el nivel general de precios. En otras palabras, si no hay dinero, no hay consumo, y si no hay consumo, tarde o temprano bajarán los precios, más aún si se liberan las restricciones a la importación de bienes que en muchos casos, importan trabajo esclavo o condiciones desleales de mercado.

La fuerte caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de establecimiento productivos, los recortes en algunas partidas de gasto público, la desprotección de la industria nacional y la apertura externa, junto con una política monetaria altamente restrictiva, con fuertes subas de tasas de interés y liberación de capitales, forman parte de las condiciones que el gobierno ha querido generar, como parte de su estrategia para controlar la inflación.

El efecto nocivo que esta política ha generado sobre la estructura económica y social de la Argentina se puede observar con notable facilidad. La mayoría de los indicadores que reflejan la situación económica del país presentaron fuertes caídas en sus registros anuales. Por ejemplo, el nivel de actividad económica (PIB) cayó el 3,8 por ciento en 2016, y el sector industrial se desmoronó 4,6 por ciento en términos anuales. La construcción, en todo el año, disminuyó por un total de 12,7 por ciento. El desempleo trepó a 8,3 por ciento en el tercer trimestre de 2016, con picos de 12,1 en Mar del Plata, 10,6 en partidos del Gran Buenos Aires y 9,3 en el Gran Rosario. Asimismo, según la CAME, se registraron 12 meses de bajas continuas en las ventas minoristas, con una caída anual acumulada del 7%, con respecto al mismo periodo de 2015.

Además, la apertura de las importaciones significó una amenaza directa contra la industria nacional. El año pasado el ítem global de las importaciones disminuyó un 6,9 por ciento. Sin embargo, es necesario remarcar que algunos rubros específicos exhibieron subas considerables en comparación a años anteriores: las importaciones de “Alimentos y bebidas elaboradas fundamentalmente para la industria” aumentaron un 80,7 por ciento con respecto a 2015; “Equipos de transporte industriales” creció un 32,5 por ciento y “Vehículos automotores de pasajeros”, el 33,5 por ciento en el mismo período. De la misma manera, las divisiones que componen el rubro de “Bienes de consumo” presentaron una variación promedio de alrededor del 12 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

El ejemplo más reciente que materializa las consecuencias de la desregulación de las compras al exterior sobre la industria nacional se observa en la quita de aranceles a la importación de productos informáticos que entrará en vigencia a partir del 31 de marzo y que motiva un escenario altamente negativo para las 500 familias que seguramente perderán su fuente de trabajo.

Como se sabe, el gobierno pretende que la evolución de los salarios quede por detrás de la inflación esperada, cosa que ya logró durante el 2016, puesto que el promedio de los acuerdos salariales rondó el 30 por ciento, 11 puntos porcentuales por detrás de la inflación oficial. De esta forma, en tan sólo un año, los asalariados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos aproximadamente.

A pesar de que los costos sociales y económicos de la política antiinflacionaria están a la orden del día, la inflación amenaza con volver a marcar un registro muy superior al estimado por el gobierno. En este sentido, el fracaso de la política antiinflacionaria defendida por todo el arco político de Cambiemos ha sido rotundo, puesto que la meta del 20/25 por ciento anunciada para el 2016 fue largamente sobrepasada en un ciento por ciento. A pesar de ello, el gobierno nacional continúa en la misma tesitura y parece no darle relevancia a las consecuencias sociales de ello.

El efecto de una menor pero persistente suba de precios en los bienes no transables de la economía, los altos costos financieros producto de la política monetaria contractiva, los aumentos de tarifas y combustibles que impactan transversalmente en todas las cadenas de valor productivas, un déficit fiscal mayor al 2015 junto con el fenomenal déficit cuasi fiscal que está generando la actual conducción del BCRA, y la profundización de una oferta cada vez más concentrada y oligopólica de la mayoría de los bienes de consumo masivo, son algunos de los motivos que explican el fracaso de la política antiinflacionaria y las limitaciones de sus fundamentos ideológicos.

Es preocupante observar que el gobierno sigue firme en este camino, a pesar de enfrentarse con el paredón de la cotidiana realidad. Su obsesión por hacer del salario un ancla para el resto de los precios, se enfrenta indudablemente con reiterados conflictos (como el reciente paro docente) y con la necesidad de profundizar el denominado “disciplinamiento social”. La gravedad del hecho es que, mientras los funcionarios del gobierno cuentan los semestres esperando una mejora en los indicadores económicos, se repite con asombrosa imprudencia la secuencia de decisiones que condujo a la Argentina a sus más tristes momentos de zozobra e inestabilidad.

El primer gesto que demostraría que el gobierno quiere evitar incurrir en los errores de aquel nefasto pasado, sería desistir de esta nueva edición de disciplinamiento social y abandonar su intención de hacer del salario el ancla de los precios, para poder luego encarar aquellas medidas necesarias para contener la inflación, habida cuenta de que Argentina es un país que se jacta de desnudar los puntos flacos de las teorías económicas.