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Hay que frenar las estafas virtuales: está el conocimiento, falta la decisión política

Opinión - Para Diario El Ciudadano

A “Priscila” la llamaron por teléfono, le preguntaron por la mesa que vendía en el “Marketplace” de una red social. Acordada la compra, “Priscila” le pasó su CBU (Clave Bancaria Única) al comprador para le haga una transferencia bancaria; allí, empezaron los problemas.

A “Priscila” la pueden haber llamado por teléfono para decirle que la transferencia realizada no le iba a impactar, por lo que tenía que dirigirse a un cajero automático para obtener un “código de seguridad” para autorizar la operatoria. También puede haber recibido una transferencia de un monto mucho mayor al pactado por la venta, para que luego su comprador le diga que se equivocó y que por favor le vuelva a transferir el dinero. O también que le pidan que “apruebe” la transferencia que le mandan por DEBIN. Para su sorpresa, todas estas opciones pueden ser el inicio de una estafa.

Pero no son los únicos ardides, también puede recibir supuestos llamados de Ansés, e inclusive del Ministerio de Salud, solicitando supuestas “validaciones de datos” que tienen como consecuencia el endeudamiento y vaciamiento involuntarios de las cuentas de las víctimas, o sea, de “Priscila”… En efecto, cualquier persona bancarizada de nuestra comunidad, en este momento, puede ser “Priscila”.

Las estafas virtuales están a la orden del día. Cuanto más crece el uso de los medios digitales de pago y movimiento de activos financieros, más espacio se crea para la intervención de afanosos y dedicados delincuentes, que se aprovechan de la falta de información y/o conocimiento de los usuarios para hacerse de lo que no les pertenece.

En la actualidad se registran en nuestra ciudad decenas de denuncias de estafas, sin contar las denuncias administrativas en las propias entidades financieras y las asentadas en las oficinas de defensa del consumidor.

Las diferentes formas de estafa, que en su mayoría hacen pie en la escasa educación financiera e informática de las víctimas, comparten una característica común: la vulnerabilidad de los procesos y mecanismos de seguridad de las entidades financieras (bancos y sociedades crediticias).

En realidad, el ardid para hacerse de las claves de acceso y pago virtuales, los estafadores utilizan muchos mecanismos de engaño, incluso si las víctimas no están utilizando las plataformas de venta on line. También se suelen observar mail engañosos, llamados telefónicos con identidad falsa, transferencias realizadas por error o débitos habilitados equivocadamente mediante el sistema DEBIN.

Ante la falta de conocimiento o producto del engaño, las víctimas les proporcionan (sin darse cuenta) los estafadores las claves de “homebanking” y de “token”, con las cuales éstos hacen transferencias o pagos a su favor.

El problema no sólo es perder el dinero que uno tiene en la cuenta bancaria, sino tener que enfrentar la deuda por un crédito que tomaron los delincuentes que accedieron con las claves de acceso de la víctima. Esto les resulta muy fácil gracias a la permanente promoción de créditos pre-acordados que los bancos suelen ofrecer constantemente a los clientes y que se pueden acreditar en el momento, con tan solo un click desde la plataforma digital del usuario.

También ocurre que, cuando los estafadores se hacen de los datos de identidad y CBU de la víctima, proceden a solicitar créditos en diferentes entidades financieras con esos mismos datos, que luego son depositados en las cuentas de las víctimas. Dichos créditos son realizados a través de validaciones virtuales de identidad disponibles en las entidades financieras, por lo que no existe constatación fehaciente de la verdadera identidad del solicitante. Luego, cuando esa transferencia figura en la cuenta de la víctima, los delincuentes les manifiestan que por error le depositaron un monto diferente al pactado en la compraventa de bienes, y les solicitan que “les devuelvan el dinero” a una cuenta que proporcionan, siendo que en realidad se están haciendo transferir el dinero de créditos solicitados a nombre de la víctimas, sin que éstas sepa de esta situación.

La habilidad de los estafadores radica principalmente en utilizar los mecanismos de validación y seguridad de los bancos sin violar aparentemente ningún proceso de validación. Tal vez por eso es que la respuesta de las entidades financieras ante el reclamo de los perjudicados generalmente es evasiva, y quien quiera seguir adelante con una denuncia formal se enfrenta con numerosos obstáculos que no todos están en condiciones de afrontar.

Es cierto que el tema ya está instalado y algunos bancos están comunicando y advirtiendo con más esfuerzo acerca de estas estafas. Pero hay otras cosas que se pueden hacer para evitar este tipo de engaños. En rigor, el BCRA podría exigir a las entidades a su cargo (bancos, proveedores de servicios de pagos, entidades bajo su superintendencia) que tomen mayores recaudos frente a las validaciones virtuales de identidad disponibles en las entidades financieras. Así como se solicita una validación para un consumo con tarjeta de crédito mayor a determinado monto, el banco debería pedir una validación al cliente cuando se está efectuando una operación “no regular”, tomando un crédito pre-aprobado, o girando dinero a una cuenta calificada con una posición dudosa según la central de información del BCRA. Eso más aún cuando, previo a realizar estas transacciones, se registran cambios y/o solicitudes de claves de homebanking y/o claves numéricas de cuentas.

No hay dudas de que hace falta redoblar los esfuerzos en la investigación y/o el aporte de información respecto a las cuentas de destino de los fondos robados. La información existe, porque las transferencias quedan registradas. No puede ser que finalmente los ladrones se salgan con la suya, en vista de los rigurosos procedimientos de seguridad que existen en la actualidad. Sólo hace falta que, con la intervención correcta de la Justicia, se pueda avanzar en la búsqueda y captura de los delincuentes. Dichas circunstancias muchas veces se ven obstruidas por cuestiones jurídicas, como la implementación del levantamiento del secreto bancario y medidas cautelares –embargos e inmovilización de fondos–, cuestiones de competencia y, sobre todo, la dilación de los procesos internos de implementación e informes de esas medidas por parte de las propias entidades financieras.

La gravedad de los acontecimientos amerita una rápida y efectiva intervención de parte de las autoridades competentes. Las propuestas están sobre la mesa, sólo es cuestión de tomar la decisión política de implementarlas.



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